A pesar de las reiteradas solicitudes del colectivo, el Gobierno sigue sin reconocer a la Ingeniería Técnica en Informática como profesión regulada, y por ello no ha quedado otra alternativa que acudir a los Tribunales de Justicia, interponiendo un recurso contencioso administrativo contra el Estado.

Esta en juego que en el futuro la Sociedad pueda contar con los profesionales en Ingeniería en Informática, y los proyectos informáticos tengan control amparado por leyes, que se pueda exigir responsabilidades, normas de seguridad que deban de cumplirse, garantías de calidad, auditoria, etc.